Guerra interna en la cúpula directiva de Mediaset. La línea editorial y la posibilidad de lanzar una oferta para hacerse con el control de Prisa ha desencadenado una batalla sin precedentes entre los órganos ejecutivos de la compañía, con Borja Prado, el presidente, por un lado, y los consejeros delegados, Alessandro Salem y Massimo Musolino, por el otro.
Prado quiere liderar un grupo mediático a favor del centro derecha, que facilite la llegada a la Moncloa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, buscando incluso para ello, la integración de la Cadena SER. Salem y Musolino, alineados en cambio con la familia Berlusconi, buscan únicamente el beneficio económico, alejado del posicionamiento político, aunque sin descartar tampoco la posibilidad de un desembarco en Prisa, con la que ya han tenido conversaciones a lo largo de los últimos meses.
Las pruebas del distanciamiento entre unos y otros son evidentes. Aunque en Mediaset insisten en que “la relación es magnífica” y niegan cualquier tipo de conflicto, los hechos no dejan lugar a dudas. En un comunicado remitido a la CNMV el pasado 10 de noviembre, en el que se anunciaba el nombramiento de Salem y Musolino como consejeros delegados, Mediaset insistía en que Prado tenía “labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos“, con plenas competencias ejecutivas.
El pasado domingo, sin embargo, en una entrevista con el diario El País, Alessandro Salem, rectificaba y decía que el máximo responsable de la línea editorial era él y que las labores de Prado se limitaban a únicamente una función de representación. “El presidente de Mediaset España lleva magníficamente las relaciones institucionales (…). Los informativos son otra cosa“, aseguró. Según Salem, Juan Pedro Valentín, el director de los servicios informativos, “es absolutamente autónomo” y a la única persona que reporta era a él. “Es independiente y confiamos en su personalidad”, sentenció.
Pero la batalla abierta va mucho más allá. Borja Prado, que se ha reunido en los últimos días con los expresidentes Nicolás Sarkozy y José María Aznar, según informó eldiario.es, pretende liderar junto a Vivendi la presentación de una oferta de compra sobre Prisa y facilitar el escoramiento de dicha empresa hacia el centro derecha. Prado, que según Infolibre, estás siendo investigado por supuestos pagos ilegales a Sarkozy por 3,3 millones de euros , ha conseguido ya una primera victoria con la sustitución de Sálvame, un programa presentado por Jorge Javier Vázquez, afín a Podemos, por Ana Rosa Quintana.
Salem se ha apresurado a decir que la tarde de Telecinco no va a tener contenido político, pero los hechos digan lo contrario. “Nuestro trabajo es entretener, no hacer política. Quiero hacer un programa de entretenimiento, ni más ni menos”, aseguró a El País. A lo que añadió, “un programa de tarde no tiene que tener connotaciones políticas”. La eliminación de Sálvame supone no solo una primera victoria de Prado, sino sobre todo un golpe en la línea de flotación de la propia Mediset, que controla un 30% de la productora del programa, La Fábrica de la Tele. Lo llamativo es que el resto del capital se divide entre Adrián Madrid, hijo del primer presidente de Castilla y León, el socialista Demetrrio Madrid; y Óscar Cornejo, exmarido del candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. Peras Producciones Audiovisuales, controlada en su totalidad por Madrid, tiene un 34,99% del capital de La Fábrica de la Tele, mientras que el otro 34,99% restante está en mano de la empresa de Cornejo, Manzanas Producciones Audiovisuales.
Entrada en Prisa
Otro tema distinto es el desembarco de Prisa. Borja Prado cree que es una maniobra necesaria para poner fin a los ataques al PP y facilitar la llegada al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, pero desde Italia solo lo aprobarían bajo una perspectiva económica. Fuentes próximas a Prisa admiten la existencia de conversaciones, pero aseguran que en este momento la operación es muy complicada. Actualmente la capitalización de Prisa es de 288,9 millones de euros, pero este valor habría que sumarle la deuda de 728,4 millones que tenía el grupo a cierre de 2022. Es decir, el valor total ascendería a 1.017 millones de euros aproximadamente, algo que no aprobarían ni Salem ni Musolino por no ser rentable.
En el mercado audiovisual ha sorprendido, mientras tanto, que el Gobierno no haya dicho nada ante el hecho de que Mediaset, al igual que Ferrovial, se haya llevado su sede a Países Bajos. De hecho, la empresa ha tenido que constituir una filial en España para poder mantener la licencia de televisión en España.
