El Ministerio de Transición Ecológica se prepara para intervenir los precios del gas natural en el mercado mayorista de electricidad. La medida supondrá unos ingresos adicionales de cerca de 3.300 millones de euros para las compañías gasistas por el incremento de las ventas que se producirá para atender un previsible aumento de la demanda de cerca del 14% por el diferencial de precios que se generará con Francia. Concretamente, 1.900 millones son los que ya hubieran obtenido antes de la medida ibérica por la subida de precios y los otros 1.400 millones adicionales se corresponderán a las mayores exportaciones, según los cálculos que se realizan desde fuentes del sector. Estos ingresos se calculan considerando un coste de compra compuesto por un mix de 50% compras a largo plazo indexadas a Brent o Henry hub y otro 50% de compras de gas a precios spot.
La propuesta, que el departamenteo de Teresa Ribera lleva queriendo aprobar ya casi diez días pero sigue sin contar con la aprobación definitiva de Bruselas, supondrá un impacto total de cerca de 6.200 millones de euros (si asumimos un precio del gas del orden de 100 euros) que se trasladarán a los consumidores del mercado libre, es decir, del orden de 26 euros por cada MWh consumido, mientras que repercutirá en una rebaja de entre el 20% y 30% para los clientes acogidos al PVPC. Según los últimos detalles, este coste irá a parar a los clientes que tengan contratos en el mercado libre indexados y podría quedar fuera el resto.
El tope al gas que impondrá el Gobierno afectará en principio a los ciclos combinados de gas, a la cogeneración y al carbón, lo que supondrá del orden de 70 TWh de energía adicional para cubrir la demanda estimada.
Las bolsas de energía europeas insisten en que no se debe alterar el funcionamiento del mercado
Para atender ese aumento en las exportaciones será necesario aumentar la producción de electricidad con las centrales de gas y carbón, incrementándose con ello el importe total de las subvenciones que se deberían cubrir para estas centrales. Suministrar esta nueva demanda implicaría un incremento en el consumo de gas de 62 TWh que provocará nuevas compras en el mercado de gas, que ascenderían a 6.200 millones de euros al año.
La medida además tendría un impacto fuerte en el nivel de emisiones en España. El coste de las subvenciones que se paguen a las centrales se financiará con un recargo sobre la demanda de los consumidores españoles, prorrateando el coste total de la subvención por dicha demanda, y se espera que por los consumidores franceses, tal y como indicó la vicepresidenta, aunque no se ha explicado la fórmula para llevar a cabo esta traslación del coste. La medida además tendría un impacto fuerte en el nivel de emisiones en España. La generación adicional supondrá la emisión de 12.600 millones de toneladas de CO2.
Más gasto en CO2
La compra de derechos de emisión de CO2 en España para cubrir dichas exportaciones de electricidad a Francia y Portugal ascendería a 1.100 millones de euros al año. Las comercializadoras independientes de energía han alertado ya de la posibilidad de que la limitación al precio del gas que se utiliza para generar electricidad repercuta de manera negativa en la libre competencia del sector.
Del mismo modo, el Comité Nemo, que aglutina a todas las bolsas de electricidad europeas, ha asegurado -al igual que los supervisores de Acer- que “el actual diseño del mercado de la electricidad no es el culpable de la crisis actual. Por el contrario, las normas de mercado vigentes han contribuido hasta cierto punto ayudando a mitigar la crisis actual”.
Los Nemo -equivalentes al Omie español- se comprometen a salvaguardar el funcionamiento del acoplamiento de los mercados diario e intradiario en estos tiempos turbulentos, ya que han demostrado ser resistentes y fiables.
En lo que respecta a las medidas de emergencia, el Comité de todos los Nemo ha declarado que cualquier medida formará parte de una caja de herramientas aprobada a escala de la Unión Europea, que puede aplicarse de forma nacional o comunitaria; cualquier medida de este tipo no deberá socavar el funcionamiento actual del mercado mayorista y la formación de precios y no cambiará su diseño y operaciones actuales, tanto a nivel central como local. Los mecanismos de financiación de las opciones a corto plazo, que forman parte del conjunto de herramientas de la UE, deberían definirse idealmente a nivel de la Unión Europea.
