Podemos propone un impuesto del 33% sobre los beneficios extra de los grandes supermercados

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Imagen de un supermercado
  • La formación política dice que el impuesto está funcionando bien en Portugal
  • También propone un cheque de entre 200 y 500 euros a las familias vulnerables
  • El cheque de 500 euros para 8 millones de hogares costaría 4.000 millones
Podemos consuma su amenaza y presentará esta semana una propuesta a sus socios del PSOE para aprobar un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de supermercados, que, según dicen, tendrá además un efecto “disuasorio” sobre el alza de precios.

Es una de las medidas que ha explicado el portavoz de Podemos Pablo Fernández en una rueda de prensa en la sede del partido al señalar que han podido comprobar como en muchos casos estos incrementos de precios no están relacionados con los costes, sino que “se van de manera ilegítima a las grandes cadenas“.

Fernández ha llegado ha señalar públicamente a Mercadona que, según ha dicho, ha sido uno de los que más ha subido los precios de sus productos y a la vez obtuvo unos beneficios de casi 700 millones de euros en 2021.

La cadena valenciana trabaja, sin embargo, con unos márgenes muy estrechos, de apenas el 2,40% y ha tenido que ajustar todos sus costes para poder mantener los índices de rentabilidad, al igual que el resto de cadenas que operan en España.

El portavoz de Podemos ha insistido, sin embargo, en que “un Gobierno que cuida a la gente no puede consentir que mientras hay personas a las que les cuesta mucho acceder a productos básicos, los ricos cada vez se enriquezcan más a costa de todos nosotros” y ha puesto como ejemplo el impuesto extraordinario sobre la distribución existente en Portugal, que en su opinión, está funcionando muy bien.

Podemos ha puesto sobre la mesa estas medidas justo después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un nuevo paquete de ayudas sociales con mecanismos para frenar los precios de los alimentos, que su Ejecutivo tiene previsto aprobar antes de que acabe el año.

Además de este impuesto extraordinario, Podemos propondrá a sus socios un cheque de entre 200 y 500 euros, dependiendo de la renta, a las familias más vulnerables que llegaría a ocho millones de hogares y que, aunque se puede utilizar para cualquier cosa, el objetivo es que “ayude a aflojar el peso de la cesta de la compra”, ha señalado.

La congelación de los alquileres, como se hizo en pandemia a iniciativa de Podemos, ha recordado Fernández, es otra de las iniciativas que promueven los morados al advertir que muchos arrendadores están aprovechando la renovación de los contratos para subir la renta “de manera desmedida”.

Y también insisten en la congelación de las hipotecas a tipo variable tras comprobar, ha comentado Fernández, que en general se han incrementado en casi un 40 por ciento. Por último, quieren promover una quinta medida para aumentar al 50% la financiación estatal al transporte público.

Los morados han hecho hincapié en que el Gobierno de coalición se ha caracterizado por salvar y proteger a la ciudadanía “y no por incrementar los beneficios de los que más tienen” y, por eso, ha enfatizado el portavoz, se debe continuar por esta senda en la recta final de la legislatura.

Financiación

Podemos pretende financiar el cheque de entre 200 y 500 euros a las familias más vulnerables con el impuesto a la distribución y el problema es que su coste sobrepasaría las ganancias Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Alcampo y Eroski juntas. El bono estaría destinado a la adquisición de 20 o 30 productos básicos, pero tendría un coste de entre 1.400 y 4.000 millones de euros, dependiendo del importe del cheque y del número de hogares entre los que se reparta.

Las ganancias de las seis grandes cadenas de distribución juntas, sin contar con Dia, no llega ni siquiera a esa cifra, elevándose en total en el último ejercicio a 1.376 millones. La cadena de distribución española más rentable es Mercadona, que cerró el pasado ejercicio con un beneficio después de impuestos de 680,3 millones pero que tiene un margen sobre las ventas que no llega ni al 2,5%. Carrefour, la que mayor rentabilidad tiene, ganó 328,7 millones y su margen se situó en el 3,9%. Un impuesto de la envergadura del que plantea la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, metería por lo tanto en números rojos a la mayor parte de las grandes cadenas y sería, por lo tanto, inviable.

Hasta ahora, el Gobierno había rechazado siempre el impuesto a los supermercados. De hecho, el pasado 16 de noviembre, el director general de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio, Juan Francisco Martínez, aseguródurante el II Foro de Retail y Gran Consumo organizado por elEconomista.es que el Gobierno no va a apoyar este tipo de medidas, negando además que el sector de la distribución esté teniendo beneficios extraordinarios.

En su intervención, Martinez recordó que “este es un sector modélico ante los numerosos desafíos a los que se ha tenido que enfrentar y se ha adaptado a situaciones exigentes”.

La distribución, a la espera

De momento, ninguna de las patronales de la distribución ha querido hacer valoración alguna, insistiendo en que “se trata solo de la propuesta de un partido político y habrá que esperar en qué se concreta finalmente”. El presidente de Aecoc, Ignacio González, sí que insistido en reiteradas ocasiones en los últimos meses en que “nosotros somos víctimas de la inflación y no los culpables”. En el sector existe ahora mismo una gran preocupación por lo que pueda hacer el Gobierno en las próximas semanas.

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